Las Administraciones públicas, pueden exigir a los licitadores la constitución de un aval bancario como garantía definitiva con objeto de asegurar el cumplimento de las obligaciones contractuales. ¿Qué pasa si la Administración decide ejecutar ese aval o garantía?
La ejecución de un aval bancario es una de las situaciones más delicadas a las que puede enfrentarse una empresa. No solo implica consecuencias económicas inmediatas, sino que también puede afectar la relación con la entidad financiera, el acceso a nuevas líneas de aval o la reputación ante clientes y proveedores.
Pero ¿qué es exactamente un aval ejecutado y cómo puedes evitar que ocurra?
¿Qué significa que un aval ha sido ejecutado en contratos públicos?
Un aval bancario o garantía, se ejecuta cuando la Administración Pública, solicita al avalista (normalmente entidad financiera o aseguradora) el pago de la cantidad garantizada, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa avalada (adjudicatario).
Esto implica que la entidad avalista que emitió la garantía procede a indemnizar económicamente al beneficiario por el importe del aval bancario o garantía y traslada esa deuda a la empresa, que deberá devolver el importe abonado más posibles comisiones, intereses o penalizaciones asociadas.
Consecuencias de la ejecución de un aval
Las consecuencias de un aval o garantía ejecutada pueden ser significativas:
- Pérdida inmediata de liquidez, al tener que hacer frente la empresa al importe ejecutado.
- Bloqueo de líneas de aval existentes o limitaciones para solicitar nuevas garantías, en el caso de no tener más límite disponible.
- Posible deterioro de la imagen financiera de la empresa ante entidades bancarias y socios.
- En algunos casos, disputas legales si la empresa no reconoce como justificada la ejecución.
Procedimiento para la ejecución de un aval en contratos públicos
Para que procedan a la ejecución de un aval o una garantía, la Administración debe seguir un procedimiento formal:
- Identificar claramente el motivo del incumplimiento.
- Requerimiento formal de pago al avalista (entidad financiera o aseguradora) solicitando la ejecución del aval. Este requerimiento tiene que incluir:
- Importe a ejecutar
- Razones del incumplimiento
- Referencia al contrato
- Cláusulas que han sido vulneradas.
- Notificación formal al avalista
- Pago del aval por parte del avalista. En casos de garantías o avales a primer requerimiento, no hace falta que se demuestre el incumplimiento por parte de la Administración Pública.
- Si el avalista no efectúa el pago, la Administración puede iniciar un procedimiento administrativo de apremio, para obtener el importe.
¿Cuáles son las causas más frecuentes?
La ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, establece los supuestos específicos, pero en SOTAM, hemos detectado patrones comunes en los casos de ejecución de avales:
- Formalización del contrato fuera del plazo establecido.
- Incumplimiento parcial o cumplimento defectuoso de las obligaciones contractuales.
- Retrasos injustificados en el cumplimento del contrato.
- En los contratos de obras, servicios y suministros, existencia de vicios o defectos durante el plazo de garantía establecido en el contrato.
Cómo prevenir la ejecución de un aval
Evitar la ejecución de un aval pasa por implementar una gestión profesional de garantías, basada en el control riguroso y la anticipación:
- Supervisa los vencimientos y fechas clave de cada aval emitido.
- Centraliza la documentación para tener trazabilidad y agilidad ante cualquier requerimiento.
- Activa alertas y controles internos que permitan prever riesgos o posibles incumplimientos.
- Revisa las condiciones y obligaciones del contrato de aval con asesoramiento experto, especialmente si se trata de entidades públicas o proyectos con alta exigencia documental.
¿Qué puede hacer tu empresa para protegerse?
En SOTAM trabajamos a diario con empresas que tienen avales o garantías retenidas y no canceladas desde hace años, En SOTAM ofrecemos servicios especializados en el control y prevención de problemas con avales, como:
- El servicio de Cash Securitization Avales, que permite externalizar total o parcialmente la gestión de garantías, asegurando un seguimiento profesional desde la emisión hasta la cancelación.
- Sistemas de alertas personalizadas, digitalización documental, sobre todo cuando hay muchos hitos de cumplimientos.
- Comunicación fluida con el beneficiario para detectar a tiempo cualquier tipo de incidencia o incumplimiento que pueda dar lugar a la ejecución del aval bancario o la garantía.
Contar con un equipo experto no solo reduce el riesgo de ejecución, sino que optimiza el uso de tus líneas bancarias, mejora la imagen financiera de tu empresa y evita pérdidas innecesarias por errores evitables.
¿Has tenido alguna vez un aval ejecutado? ¿Quieres evitar que vuelva a ocurrir? Contacta con nosotros y nuestro equipo te asesorará sin compromiso.
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