Cuando hablamos de retrasos en pagos o reclamaciones económicas, uno de los conceptos que más dudas genera es el tipo de interés que se debe aplicar: ¿interés de demora en operaciones comerciales o interés legal del dinero?
Aunque pueden parecer similares, tienen funciones muy distintas y se aplican en contextos completamente diferentes.
En este artículo te explicamos de forma clara qué es cada uno, cuál es la diferencia entre ambos y en qué casos debes utilizar cada uno, especialmente en situaciones relacionadas con avales bancarios, garantías o reclamaciones económicas.
¿Qué es el interés de demora en operaciones comerciales?
El interés de demora en operaciones comerciales es el tipo de interés que se aplica cuando una empresa o profesional no paga una factura dentro del plazo acordado.
Está regulado por la Ley de Morosidad (Ley 3/2004) y su objetivo es compensar al acreedor por el retraso en el pago.
En 2026, este interés se sitúa en el 10,15 %, para el primer semestre natural, ya que se actualiza semestralmente.
¿Cuándo se aplica?
Se aplica en relaciones comerciales entre empresas o autónomos, por ejemplo:
- Facturas impagadas entre empresas
- Retrasos en pagos de servicios profesionales
- Operaciones comerciales B2B
Incumplimientos de pago en contratos
¿Por qué es importante?
Porque penaliza el retraso en pagos y protege al acreedor, permitiendo reclamar una compensación económica sin necesidad de justificar daños adicionales.
Además, es clave en contextos como:
- Reclamaciones económicas vinculadas a contratos
- Procesos de recuperación de deuda
- Situaciones donde existen avales o garantías asociadas
¿Qué es el interés legal del dinero?
El interés legal del dinero es el tipo de interés fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Se utiliza como referencia en múltiples ámbitos jurídicos y financieros cuando no existe un tipo de interés pactado entre las partes.
En 2026, el interés legal del dinero se sitúa en el 3,25 %.
¿Cuándo se aplica?
Se aplica en situaciones más generales, como:
- Reclamaciones judiciales sin interés pactado
- Indemnizaciones
- Deudas civiles
- Cálculo de intereses en procedimientos legales
¿Cuál es su función?
Sirve como referencia base para calcular intereses en ausencia de acuerdo entre las partes.
No tiene un carácter sancionador tan alto como el interés de demora comercial, sino más bien una función compensatoria estándar. Sin embargo, en la práctica empresarial, los tiempos reales pueden variar considerablemente.
Diferencia entre interés de demora en operaciones comerciales e interés legal del dinero
Aunque ambos se utilizan para calcular intereses por deudas o retrasos, su aplicación es muy diferente.
1. Tipo de relación
- Interés de demora en operaciones comerciales: relaciones comerciales (empresa – empresa o autónomo)
- Interés legal: ámbito general (civil, judicial, administrativo)
2. Finalidad
- Interés de demora en operaciones comerciales: penalizar el retraso en pagos
- Interés legal: servir como referencia cuando no hay acuerdo
3. Tipo de interés
- Interés de demora: más alto (el 10,15 % en 2026)
- Interés legal: más bajo (3,25 % en 2026)
4. Aplicación automática
- Interés de demora: se aplica automáticamente en operaciones comerciales
Interés legal: se aplica cuando no hay otro interés definido la devolución.
¿Cuál debes aplicar en cada caso?
Elegir correctamente el tipo de interés es clave, especialmente en contextos financieros o legales donde hay cantidades relevantes en juego.
Utiliza el interés de demora cuando:
- Existe una factura impagada entre empresas
- Hay un contrato comercial incumplido
- Se trata de una operación B2B
- Estás reclamando un pago por servicios o productos
Utiliza el interés legal del dinero cuando:
- No hay un interés pactado
- Se trata de una reclamación judicial o civil
- Es una indemnización
- El caso no está dentro de una operación comercial
Relación con avales bancarios y garantías
En el ámbito de SOTAM, esta diferencia cobra especial importancia.
Cuando se produce la finalización del contrato y el vencimiento del plazo de garantía sin que la Administración haya procedido a la recepción formal y la liquidación del contrato por causas no imputables al contratista, la ley establece que se debe proceder a la devolución o cancelación de las garantías. Si este procedimiento no se realiza en el tiempo estipulado, la Administración está obligada a abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del plazo hasta la fecha efectiva de la devolución de la garantía.
Esto implica que, la no devolución de la garantía en el plazo establecido por parte de la administración, faculta al contratista a reclamar intereses demora y los gastos de mantenimiento de las garantías. en generarse intereses legales si la devolución se retrasa más allá del plazo legal, como señala la jurisprudencia reciente.
Ejemplo de Reclamación de Devolución de Garantía
Reclamación de Devolución
de Garantía con Intereses
Cronología real de una garantía definitiva no devuelta en plazo · Cálculo de intereses por demora
Limpiezas 1234 S.L. ejecuta el servicio de limpieza urbana para el Ayuntamiento de «Pedrafita». Al finalizar el contrato, la empresa tiene derecho a recuperar la garantía definitiva de 200.000 € depositada. El ayuntamiento no la devuelve en plazo, lo que genera intereses de demora reclamables.
200.000 € (garantía) + 509,58 € (intereses de demora)
Conclusión del caso
Limpiezas 1234 S.L. tiene derecho a exigir la devolución íntegra de la garantía depositada por importe de 200.000 €, junto con 509,58 € en concepto de intereses de demora, calculados al tipo legal del dinero vigente en 2025 (3,25 %) durante los 31 días en que el Ayuntamiento de «Pedrafita» incumplió el plazo de devolución establecido.
Conclusión
El interés de demora en operaciones comerciales y el interés legal del dinero cumplen funciones distintas, aunque ambos están relacionados con el cálculo de intereses por deudas o retrasos.
Mientras que el primero penaliza el retraso en pagos entre empresas, el segundo actúa como referencia general cuando no existe un acuerdo previo.
Entender esta diferencia es fundamental para tomar decisiones correctas, a la hora de hacer una reclamación ante la administración cuando no devuelven la garantía en el plazo legalmente establecido.
Si tu empresa tiene avales, seguros de caución o garantías ante la administración pública, es clave gestionar correctamente el control y devolución por parte de los beneficiarios, para evitar costes innecesarios y optimizar tus recursos financieros. La clave no está solo en el plazo legal, sino en la capacidad de gestión y control del proceso.
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