El Tribunal Supremo abre la puerta para cobrar 40 euros a los morosos, por cada factura pagada fuera de plazo.

El Tribunal Supremo abre la puerta para cobrar 40 euros a los morosos, por cada factura pagada fuera de plazo.

El alto tribunal (sección cuarta de la Sala Contencioso Administrativo) ha establecido en una sentencia que cuando un deudor incurra en mora, deberá pagar los gastos de cobro por cada una de las facturas pendientes de pago, y no una cantidad por el conjunto de todas ellas, dando así la vuelta a la interpretación de la ley de morosidad.

Los gastos se han establecido en 40 €, lo que supone que los acreedores tienen derecho a cobrar a sus clientes que incurran en mora, 40 euros por cada factura que paguen fuera de plazo, en todo caso y sin necesidad de justificación.

Los 40 € fueron fijados como gastos de recobro por la ley 11/2013 de 26 de julio, con la idea de que ese importe fuera la indemnización mínima por gastos de recobro. Además dicha cantidad fija de 40 € debería ser pagadera, como compensación por los costes de recobro, sin necesidad de recordatorio ni reclamación expresa.

El cobro de esta penalización (40 €) no excluye el derecho del acreedor a reclamar una compensación por los demás gastos de recobro provocados por el impago.

 

En principio se aplicaría a las deudas con la Administración Pública, ya que la sentencia emana de la sala contencioso administrativo del Alto Tribunal, por lo que tendría efectos cuando el cliente es la administración pública. Por lo que si se creará jurisprudencia sería a este nivel.

Esto no significa que esta sentencia no abra la puerta a que se aplique también a situaciones de morosidad entre autónomos y empresas, pero esto lo tendrán que dictar otros tribunales.

 

La Sala interpreta el artículo 8 de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que incorporó al derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000. Dicho artículo fija una indemnización por costes de cobro y dispone que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, añade que el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior. También señala que el deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando no sea responsable del retraso del pago.

Plazo Legal de pago a proveedores

 

Desde 2010, la ley de Morosidad 15/2010 de 15 de julio establece la obligación de que las administraciones públicas abonen sus facturas en un plazo máximo de 30 días y las empresas privadas en menos de 60 días. Lo cierto que en la mayoría de las veces no se está cumpliendo la ley. De momento no existen sanciones para aquellos que no cumplen con los plazos y pagan sus facturas más tarde de los plazos establecidos, provocando graves perjuicios tanto a pymes y autónomos que necesitan liquidez.

 

Los últimos datos dicen que uno de cada cuatro cierres de negocios o pymes, están relacionados con la morosidad.

La morosidad podría tratar de limitarse, mediante La reforma del régimen de morosidad, para incluir un régimen sancionador que propuso el gobierno. Dicho régimen sancionador,  va dando pasos pero de manera muy lenta, y desde el 22 de septiembre del 2020, fecha en la que se aprobó por el congreso la modificación de la norma para incluir el régimen sancionador, está bloqueada en la mesa, con prórrogas y enmiendas constantes.

La situación actual, es que durante los últimos  10 años, muchas Administraciones Públicas y empresas privadas, han seguido incumpliendo la norma, sin que tengan no ya sanción, sino consecuencia ninguna.

Veremos en los próximos meses si se toman por parte de las instituciones, las medidas oportunas para tratar de frenar  la lacra de la morosidad.

 

Eduardo Ochoa

Socio SOTAM